02 August 2007

Informe julio 2007

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Una masacre. Doscientos diecisiete muertos en el mes de julio, que se confirma como el peor de 2007: 79 ahogados en el Canal de Sicilia y al menos 98 en la ruta hacia las Canarias; 34 muertos deshidratados en el desierto del Sahara entre Níger y Libia; 3 jóvenes hallados asfixiados en Mestre (Italia) dentro de un camión que se dirigía hacia Alemania; 2 muertos bajo el fuego de la policía de frontera marroquí durante un intento de embarque en El Ayun; y una chica atropellada en Calais (Francia), mientras huía de la policía. Una masacre, y una hipocresía criminal, la de la Unión Europea, que con patéticos duelos por las víctimas de los naufragios, cierra los ojos ante los crímenes de los nuevos aliados en la lucha contra la inmigración clandestina y encima les invita a colaborar. Órdenes de devolución a aguas internacionales, expulsiones colectivas en pleno desierto, redadas nocturnas y detenciones arbitrarias sin proceso, abusos, torturas, homicidios. En el sur del Mediterráneo las sutilezas brillan por su ausencia. ¿Qué ha sido de los 22 emigrantes que secuestraron el barco pesquero tunecino el 18 de julio una vez conducidos a Túnez? ¿Y qué será de los 443 eritreos que llevan detenidos más de un año en Misratah (Libia), y ya están a punto de ser expulsados? ¿Qué se ha hecho de los 400 detenidos en las últimas redadas en la frontera entre Marruecos y Argelia, más tarde deportados? ¿Y adónde irán a parar los kurdos expulsados en la Turquía que bombardea Iraq? Parece que Europa no se plantee el problema.

Desde principios de año, las víctimas de la emigración clandestina son ya 666. A lo largo de 2006 los muertos fueron 1.582. Sin embargo, los desembarcos se han reducido a la mitad: un 55% menos en España, con 6.306 desembarcos en los primeros meses de 2007; un 45% menos en Italia, donde, desde enero hasta el 25 de julio, han desembarcado 5.200 personas frente a las 9.389 del mismo periodo de 2006. Es un corolario de las patrullas marítimas. Sin la apertura de canales legales de ingreso, la presión migratoria no cesa. Los barcos militares sólo ahuyentan las embarcaciones -cada vez más pequeñas y, en consecuencia, menos seguras- hacia rutas más largas y peligrosas. Todo con tal de escapar de los radares. Los datos del Ministerio del Interior italiano hablan claro. En 2005 viajaba una media de 101 personas a bordo de los barcos que se dirigían a Sicilia. En 2006 eran 53, y en 2007 eran 41. Los relatos de los emigrantes desembarcados confirman la desaparición de la figura del contrabandista que patroneaba las embarcaciones: quien acaba llevando el timón es uno cualquiera de los pasajeros. Los organizadores ahorran y los muertos en el Canal de Sicilia aumentan. Son ya 327 en 2007 frente a los 302 de todo 2006.

Lo mismo sucede en el Sahara Occidental. A menudo las tragedias se producen en las primeras millas de mar. La última vez ocurrió en la madrugada entre el 21 y el 22 de julio. Dos embarcaciones que habían zarpado con rumbo a las Canarias de la laguna de Na'ila, 150 km al norte de El Ayun, naufragan. El único superviviente se salva agarrándose a un bidón de plástico que había a bordo de la embarcación. Los desaparecidos son al menos 40. Una semana después recuperan dos cuerpos. Las víctimas son todas saharauis, de El Ayun. Sus nombres se añaden a la lista negra de los 1.836 muertos en el Atlántico, camino del archipiélago canario. Cuatro días antes, el 18 de julio, un cayuco con al menos 100 personas a bordo había volcado a 90 millas al sur de Tenerife durante las operaciones de rescate. Se salvaron sólo 48. El mar devolvió tres cuerpos. Los desaparecidos son 50 por lo menos. Por lo menos, pues últimamente a las Canarias están llegando cayucos con 140, 150 pasajeros a bordo, por lo que n este caso, los pasajeros podrían llegar a 90. Según los hombres de Rescate Marítimo, el accidente lo causó el nerviosismo de los pasajeros, quienes, al levantarse para pedir ayuda habrían desestabilizado la balsa. Estaban nerviosos porque llevaban en el mar 10 días. Habían salido de Guinea Bissau, al sur de Senegal, para evitar las patrullas de Frontex, que en Senegal han repelido hacia las costas africanas a 1.167 emigrantes sólo en el periodo entre febrero y abril de 2007. Este año, gracias a la bajada de un 55% de desembarcos, las víctimas del Atlántico son 142, frente a los 1.035 de 2006 entero. Una señal aparentemente positiva, pero cabe preguntarse de cúantos naufragios no se tiene noticia, ya que para evitar las patrullas de Frontex, los cayucos se aventuran actualmente a recorrer rutas de 2000 km surcando el mar a 300 km de las costas africanas. Lejos de las patrullas, sí, pero también de los rescates.

Hellenic Watermellons Tsiausis Export. Este era el cartel del camión frigorífico en cuyo interior se habían escondido cuatro jóvenes, tal vez iraquíes, a tres de los cuales encontró muertos el propio conductor en la autopista A4, cerca de Mestre (Italia) el 14 de julio de 2007. El camión, con matrícula checa, había embarcado en Grecia rumbo a Ancona (Italia) y se dirigía a Alemania con una carga de sandías. Una tragedia como otras muchas. Demasiadas. Viajando ocultas en camiones han muerto 277 personas en los últimos años, precisamente en el trayecto entre Turquía, Grecia e Italia. Un trayecto con gran tráfico de prófugos afganos, kurdos e iraquíes. Vienen a pedir asilo; la mayor parte acaba reenviada al remitente. Sólo en el puerto de Venecia, en los primeros cinco meses de 2007 se ha interceptado a 254 personas, de las cuales 64 eran menores. Casi todas (238) han sido rechazadas. 152 eran afganos, 46 iraquíes y 13 iraníes. No cambia mucho la cosa en el puerto de Bari, donde sólo en la segunda mitad de julio al menos 20 iraquíes y 4 afganos han sido devueltos a Grecia, la cual hace poco ha recibido una amonestación en un informe de la Unión Europea por el trato que da a los refugiados políticos.
Cero coma tres por ciento. Fue el porcentaje de concesión de estatutos de refugiado en Grecia durante 2004. Tres de cada mil peticiones. Increíblemente duplicado al 0,6% en 2006. Aún hay 11.000 peticiones de asilo por examinar. Lo dice el informe sobre Grecia de la Comisión Libertad y Justicia de la UE, que llama la atención sobre el hecho de que no existan refugiados iraquíes en Grecia. Cosa extraña, pues son más de 2 millones en Siria y Jordania y más de 18.000 sólo en Alemania. El informe denuncia las condiciones abominables, inhumanas e intolerables de los centros de detención para emigrantes irregulares de la isla de Samos; expresa inquietud por la detención de menores y condena las expulsiones colectivas a Turquía. Ya en 2001 la asociación alemana Pro-Asyl y la turca IHD denunciaban detenciones y torturas de los kurdos turcos repatriados desde Alemania. Hoy el peligro es aún mayor. El 19 de julio un comunicado de Reuters anunciaba bombardeos turcos en el norte de Iraq, cerca de la frontera, donde, al parecer, se han asentado las milicias del partido independentista kurdo PKK. El ejército turco ha desplegado 200.000 hombres a lo largo de la frontera iraquí. La guerra entre Ankara y el PKK ha causado 30.000 muertos desde 1984.

Artículo 3. "Ningún Estado procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". Artículo 3 de la Convención contra la tortura de la ONU. Ratificada por 144 países. Papel mojado. Lo mismo que el principio de no expulsión de los refugiados sancionado por las Naciones Unidas y por la Convención sobre refugiados de la Unión Africana. Lo mismo que los artículos 4 y 19 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que prohíben torturas y malos tratos y expulsiones colectivas a países donde los expulsados podrían correr peligro de sufrirlas. Convenciones garantistas e impotentes al mismo tiempo, debido a la hipocresía de quien debería garantizar su aplicación. Para entender por qué, basta una revista de prensa de las tropelías del último mes, que hablan de sangre de miles de emigrantes y solicitantes de asilo político detenidos, maltratados, deportados, en algunos casos torturados o incluso asesinados en nombre de la lucha contra la inmigración clandestina por mar.

El motín de los clandestinos. O sea el enésimo caso en que se obliga a salir de aguas internacionales y regresar al punto de partida en el Canal de Sicilia. Dieciocho de julio de 2006. Una balsa repleta con 37 personas, entre los cuales hay 11 mujeres y dos niñas de 6 y 5 meses, pide ayuda al pesquero tunecino El Hayy Mohammed que se encuentra faenando a 42 millas al sur de Lampedusa. El pesquero permite que suban a bordo las mujeres, los niños y algunos hombres. Comienza a remolcar la balsa, en la que quedan aún 15 pasajeros, quienes, al ver que se acerca la lancha rápida Bizerte de las fuerzas de seguridad tunecinas, cortan el cabo y viran de nuevo rumbo hacia Lampedusa. Los 22 que van a bordo del pesquero se hacen entonces con el mando del pesquero por miedo de que los deporten a Túnez. Dos de las mujeres han dejado a sus maridos en la balsa, ya lejana. El caso se resuelve al alba tras una noche en aguas internacionales, entre Malta y Lampedusa, escoltados por el Bizerte. Al lugar, dice la Agencia Ansa italiana, se dirigen dos lanchas italianas de la Guardia Costera y de la Guardia di Finanza. Pero al final es el Bizerte el que se lleva a los 22 al puerto de Sfax (Túnez). Entre tanto, la Guardia Costera italiana ha interceptado y socorrido a los de la balsa. Conducen a los 15 de a bordo a Lampedusa, desde donde los reparten a Crotone y otros Centros de Primera Acogida. Se trata de un caso de obligación a la retirada de aguas internacionales y regreso al puerto de partida. ACNUR (Alto Comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas) solicita inmediatamente a Túnez que le dejen ver al grupo. A bordo había eritreos, sudaneses, etíopes y somalíes. Todos podrían ser refugiados políticos. Pero, en el silencio más absoluto, las autoridades tunecinas devuelven a los 22 a Libia, donde habían embarcado el 15 de julio. Días después dos mujeres eritreas llaman a la puerta de ACNUR en Trípoli (Libia). Piden noticias de sus maridos en Italia. Desde entonces nada se sabe de los 22.

No es el primer caso de devolución forzosa en el mar. La ley lo prohíbe. En aguas internacionales hay libertad de navegación. En caso de naufragio el derecho naval impone que se ha de acompañar a los náufragos al puerto más seguro, que no necesariamente es el más cercano. Con más motivo aún si se trata de potenciales refugiados políticos entregados a países cuya práctica de torturas y repatriaciones forzadas es notoria. Pero todos los veranos se repite la misma historia. A Tareke, eritreo, en julio de 2005, una lancha de la marina maltesa le obliga a volver a Libia, junto con otras 200 personas que viajan en un barco que había zarpado de Zuwarah (Libia). Ayman, tunecino, junio de 2006, la misma historia tanto para él como para otros 200 harrag (emigrantes) que iban a bordo del barco Tulaitila. Abraham, eritreo, julio de 2005; su barca hace agua, los obreros de una plataforma petrolífera socorren a mujeres y niños y los reconducen a Libia. A los hombres, abandonados a su propia suerte, los socorre la Guardia Costera italiana tras días a la deriva. El Canal de Sicilia es como el Oeste. Los 22 expulsados de Túnez pueden acabar como los eritreos de Misratah (Libia).

Peligro Libia. Ha pasado más de un año desde las primeras detenciones. Hoy, en Misratah, que se encuentra 200 km. al este de Trípoli, siguen detenidos al menos 443 eritreos en condiciones alarmantes y con amenaza de expulsión. Entre ellos hay también 60 mujeres, una embarazada de ocho meses, y 7 niños, el más pequeño de tres meses, nacido en la cárcel en abril. Son desertores del ejército eritreo, que escaparon del frente en la frontera con Etiopía. Venían a pedir asilo político en Europa. Para ello, no hay más camino que la fuga por el desierto y la vía del mar. Detenidos en el mar por la Guardia Costera libia o durante redadas en Trípoli, corren el peligro de que cualquier día los manden de vuelta a Eritrea. Eritrea, al parecer, ha establecido un acuerdo con Libia en dicho sentido, aunque la noticia no está confirmada. Mientras tanto, más al sur, en Sudán, un grupo de 500 eritreos arrestados casa por casa en Jartum, está listo para ser enviado de vuelta a Asmara. Entre los detenidos de Misratah, 114 han sido ya reconocidos como refugiados por las misiones ACNUR en Sudán y Etiopía. ACNUR ha tenido acceso al centro de detención para entrevistar a las mujeres y los niños con vistas a un posible traslado como refugiados a Europa o Norteamérica. Pero para los hombres no hay traslados que valgan. Los deportarán, contra todo acuerdo internacional. También esta vez la Comunidad Internacional se quedará mirando.

Libia ya deportó eritreos en 2006 y antes, varias veces, en 2004, incluso en un vuelo pagado por Italia. El 27 de agosto de 2004 uno de los aviones fue secuestrado por los deportados eritreos, que lo desviaron a Jartum (Sudán). A 60 de los 75 pasajeros ACNUR les reconoció como refugiados políticos. En su tierra habrían acabado como los 223 deportados por Malta entre septiembre y octubre de 2002. Al volver a Eritrea, los detuvieron y torturaron. Así lo denunciaron a Amnistía Internacional los pocos que consiguieron escaparse, hoy refugiados políticos en América del Norte y en los países escandinavos. Encarcelados primero en la prisión de Adi Abeito y después, tras un intento de fuga, en la cárcel de máxima seguridad de Dahlak Kebir, algunos fueron asesinados.

Sólo en junio, en Libia han sido detenidos 1.500 emigrantes irregulares. En mayo fueron 2.137. Cifras aireadas por el gobierno de Trípoli para justificar sus esfuerzos en la lucha contra la emigración clandestina por mar, que, en realidad, ocultan un sistema de connivencia entre la autoridades y las mafias que organizan los viajes con beneficios de millones de euros anuales. Ninguno de los entrevistados por Fortaleza Europa ha sido interrogado en Libia después de su detención. Al contrario, la mayor parte ha conseguido corromper a los agentes de los centros de detención, a menudo comprándoles a ellos mismos los billetes para una segunda travesía. En 2006 Human Rights Watch y AFVIC acusaron aTrípoli de detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y torturas en los centros de detención para extranjeros. Denuncias similares figuraban en el informe de 2004 de la Misión Técnica de la Unión Europea, según la cual Italia habría sufragado tres de dichos centros entre 2003 y 2005. En setiembre de 2000, 560 emigrantes resultaron muertos durante los pogromos racistas de Zawiyah (Libia).

Los testigos. E., camerunés, desembarcó en Lampedusa a finales de junio de 2007. Declaró a Fortaleza Europa que había visto con sus propios ojos cómo agentes de la policía libia asesinaban a 2 nigerianos y herían a otros 4 en la cárcel tripolitana de Fellah durante una revuelta que estalló en junio de 2006, encabezada por emigrantes nigerianos y atajada con las balas de las fuerzas del orden. T., nigeriano, que desembarcó en julio de 2007, declaró por su parte a Fortaleza Europa que había perdido a dos amigos, un nigeriano y un ganés, tras una paliza mortal en una comisaría de Trípoli en febrero de 2007. F., ganés, que también acaba de desembarcar, a principios de junio se encontraba en la frontera entre Níger y Libia, cerca del control fronterizo de Toumou. Atravesaba el desierto en un camión de contrabandistas que se dirigía a Libia. Contó con sus propios ojos los cuerpos sin vida, secados al sol, de 34 personas. En medio de las dunas, ninguna huella de vehículo. F. no excluye que se tratara de deportados de Libia. Sucede todos los meses en el trayecto Trípoli-Sebha-Gatrun-Toumou. También E. fue expulsado el pasado setiembre. En Toumou hay al menos 150 personas retenidas -dice-, muchos de los cuales enloquecen. Otros alcanzan a pie Dirkou, en Níger, en dos o tres días de caminata. No todos lo consiguen. E., en persona, enterró en la arena a dos de los 35 compañeros con los que le habían abandonado en Toumou. Ésta es la Libia a la que Europa ofrece más recursos para el control de las fronteras marítimas y terrestres, entre las líneas del memorándum firmado del 23 de julio de 2007, después del caso de las enfermeras búlgaras.

Es la política de los nuevos gendarmes. Con Marruecos ha funcionado. Salvo los efectos colaterales. Como los dos emigrantes asesinados la noche del 30 de julio bajo el fuego de la Armée Royale en la costa de El Ayun. 37 subsaharianos estaban embarcando para las Canarias. Nadie respondió a la orden de alto. Un agente disparó varias veces. Además de los dos muertos, otros dos hombres fueron ingresados en el hospital de la capital del Sahara. Cuatro días antes, la noche del 26 al 27 de julio, entre 200 y 350 emigrantes subsaharianos eran detenidos durante una redada en el campus universitario de Oujda, en la frontera entre Marruecos y Argelia, donde desde hace años los emigrantes encuentran refugio antes de reanudar el camino a pie hacia Rabat, Fez, Nador, Tanger y Tetuán. Se procedió a un minucioso registro del campus, y luego prendieron fuego al campamento de emigrantes que había en él. Los emigrantes detenidos fueron expulsados a la altura de Galla. Una semana después nadie había regresado al campus. Ni volverá. Se encuentran bloqueados en las montañas de la frontera. Hay heridos. Carecen de ropa, mantas y alimentos. Las asociaciones locales marroquíes, con la ayuda de Medicos sin Fronteras, están haciendo lo posible, pero la situación no deja de ser dramática. También se cuentan al menos 6 mujeres y dos niños, uno de ellos de 4 años.

Por este mes, es todo. Aunque al parte de guerra de 2007 habría que añadir los 367 muertos y 118 desaparecidos del golfo de Adén mientras huían hacia Yemen de la guerra de Somalia, y las 275 víctimas de la frontera entre México y EE.UU. En San Diego (California) se ha reanudado la construcción del muro de acero de 5 metros que sellará antes de 2009 nada menos que 595 de los 1.126 km de frontera entre los dos países.